El acuerdo político de partidos de diferentes ideologías en Extremadura, tanto en la asamblea de la comunidad como en diferentes ayuntamientos de la región, sobre la solicitud a la jerarquía de la iglesia católica para que las comunidades eclesiales de Guadalupe y otros pueblos de la región pasen a encardinarse a una diócesis extremeña, debe suponer algo más que instar a la iglesia a realizar un cambio en su división territorial.
Admitir y defender que un icono religioso, perdón por la pobreza en la sintetización de lo que supone la Santísima Virgen de Guadalupe, sea signo y manifestación de extremeñismo y de Extremadura es admitir que la religiosidad de los extremeños impregna nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestras vidas. Es muestra de nuestra expresión en todos los ámbitos, cultura, historia, costumbres, educación y religiosidad, entre otros.
Desde la responsabilidad política, debe promocionar la participación de los ciudadanos y potenciar y ayudar a llevar a buen término sus inquietudes de forma individual o colectiva. Nuestro estado defiende el asociacionismo para conseguir diferentes fines y tiene creado un marco legal que protege los intereses e independencia de los diferentes grupos. Lo que no hace nuestra legislación es otorgar a las administraciones el poder decir que tienen que hacer y como hacerlo, a estas asociaciones.
Los políticos, arropados en sus correspondientes partidos, llegando al acuerdo referido y suponiendo tener facultad para reclamar una determinada acción por parte de la institución eclesial, no pueden desde ahora hacer oídos sordos o despreciar las recomendaciones que esta institución puede realizar en el ámbito de la política. el diálogo debe fluir desde ahora de forma bidireccional y en igualdad de condiciones. Mucho me temo que para algunos seguirá siendo un dialogo en forma de embudo.
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